Hacia un nuevo orden urbanístico
Carlos Colombo
La normativa urbanística es la expresión e instrumento de aplicación de planes urbanos elaborados para orientar el crecimiento, la densificación y el desarrollo de las ciudades. Su función principal es la de regular usos, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo y de diferentes aspectos de la problemática ambiental.
Nos encontramos ante el enorme desafío de construir un nuevo orden urbanístico que devuelva homogeneidad al tejido urbano, instale una sana convivencia de actividades, proponga una mayor densidad poblacional y contribuya a equi-distribuir cargas y beneficios.
De acuerdo con las políticas urbanas, para un desarrollo inclusivo, equitativo y sustentable se requiere transitar hacia un escenario donde el transporte público es una de las principales estrategias alrededor del cual se genere la densificación residencial.
Entendemos que una ciudad compacta y densa es más sustentable, por ende, cuanto menos se extienda la mancha urbana obtendremos una mayor inclusión e integración social. El uso del suelo y la constructividad tiene que estar directamente relacionada con el uso del transporte público. En este sentido es importante generar estrategias que permitan acercar a los vecinos hacia las infraestructuras y no las infraestructuras al vecino.
Estamos proponiendo una revolución del espacio público dónde la movilidad sustentable y la caminabilidad permitirán recuperar los espacios que hoy son ocupados por el automóvil para el uso cotidiano.
Es nuestro desafío construir un nuevo orden urbanístico, con nuevos dispositivos, criterios y mecanismos. En efecto, los corredores vehiculares existentes definirán la densificación edilicia y la morfología estructural del tejido. Estos corredores serán estructurantes para las denominadas áreas ambientales, generando flujo de tránsito en los bordes y mejorando la calidad y la caminabilidad del espacio público.
La visión de ciudad que tiene el nuevo código urbanístico es que fundamentalmente está concebida desde la perspectiva del espacio público, a partir de criterios morfológicos, paisajísticos y funcionales, a diferencia del código actual, que concibe la ciudad desde el espacio privado.
A través de distintos instrumentos de participación, el nuevo código asegura la formulación conjunta y la adecuación a las expectativas de los vecinos. Reconoce la ciudad construida, su forma, sus áreas identitarias y las futuras expansiones urbanas que consoliden su diversidad sociocultural. Con nuevos mecanismos, entonces, se apunta al desarrollo de áreas en torno a los ejes de transporte público de pasajeros, la articulación de usos mixtos para favorecer una diversificación de comercios y de servicios, la regulación de la altura de las edificaciones dentro del tejido urbano y la dotación prioritaria de espacios públicos de calidad.
Asimismo, de cara a la próxima década, surge como desafío la integración física y social de diferentes sectores de la ciudad que no se encuentran aún consolidados. En virtud del modelo territorial formulado, estas cuestiones son recogidas por el nuevo código como áreas de desarrollo estratégico de carácter prioritario, en especial, en aquellos sectores más relegados. Su regulación desde criterios morfológicos -y no ya desde indicadores cuantitativos- es la clave para homogeneizar la forma que adquiera cada barrio de la ciudad.