Entrevista | Edificios Existentes

Cristina B. Fernández

Conocé los Aportes para la redacción del Nuevo Código de Edificación que elaboraron el CPAU y el CPIC y que presentaron al GCBA.

Entrevista a la Arq. Cristina Fernández

Situación actual | La administración pública | Clasificación de los edificios existentes | La propuesta CPAU y la del GCBA | Edificios Patrimoniales
 

1. ¿Qué observaste en la situación actual para proponer estas modificaciones al Código? 

   La problemática de la rehabilitación y mantenimiento de los edificios existentes es serio: no fue pensada como en los centros y edificios históricos en Europa y España en particular, en los que desde el Estado se propusieron sistemas de incentivos económicos y créditos a los propietarios que hacen posible esa rehabilitación. Por ejemplo, los casos de Madrid o Sevilla en los 80. En esas ciudades hubo una inversión creciente del Estado en favor de la recuperación de cascos históricos y edificios y eso no se traducía solamente en amor por ellos, sino que se traducía en dinero. Y aquí no se siguió ese recorrido. En parte por problemas de inflación, de falta de créditos y de imposibilidad de los propietarios para asumir los costos de mantenimiento de edificios. Nuestro país, y Buenos Aires, tienen cantidad de edificios patrimoniales importantes, que en su época se hicieron muy bien. Pero también somos un país en donde la economía no tiene un crecimiento sostenido, con períodos de grandes baches económicos en los que no se invierte, o lo que puede invertir el sector privado es poco.

   En Argentina una obra de rehabilitación, de un cambio de uso o de revitalización de una fachada es larga y costosa. Y no hay crédito, y aunque en ocasiones se le rebaja al propietario el ABL, eso no alcanza. Por otro lado, el estado no puede subsidiar todo. Se necesita estimular la economía en forma sostenida para que ese procedimiento de rehabilitación sea posible.
    

2. ¿Cómo ves entonces la posición de la Administración al respecto?

   La mirada desde la administración pública sobre los edificios existentes nunca fue la de los incentivos, sino más bien la de la restricción plasmada en catalogar y restringir, prohibir. La restricción, solo como restricción es un mal, como decía Stuart Mills. Así es como las personas y también los entes estatales se encuentran con edificios que hay que modernizarlos y mantenerlos, y el momento o el dinero nunca les llega, y según las zonas en las que estén ubicado, particularmente si es una zona degradada, van perdiendo valor, porque se necesitaría muchísimo más presupuesto de lo que pueden invertir  sus dueños, o simplemente no le interesa al sector privado.

   Todo esto nos lleva a pensar en que tenemos que ser más realistas.  Estos grandes  edificios requieren mantenimiento continuo. Por eso yo pienso que la administración debe entender, de una vez por todas, que hay edificios existentes, que éstos son todavía usables, que debe mirar con criterios actualizados qué cosas hay que adecuar de esos edificios, qué usos posibles tiene, con qué plazos; y sobre todo percibir que estamos en un país en el que es muy caro hacer una correcta obra de rehabilitación. Pareciera que de costos no habla nadie.
    

3. ¿Y en relación a la clasificación de los edificios existentes?

   Hay mucha dificultad con la cantidad de oficinas administrativas que se dedican al tema en la ciudad, para mirar qué cosas hay que rehabilitar, qué cosas restaurar, y finalmente qué cosas hay que demoler. Hay una visión un poco maniquea del lado de la administración.¿Qué es lo que restauramos en un edificio? ¿Las fachadas solamente, las infraestructuras, proponer cambios de uso? Tienen confusión sobre qué es lo que está bien que sea modernizado, qué es lo que se puede arreglar o mejorar, o cuáles son los defectos que se pueden mitigar.

   Todavía  la administración no  ha resuelto lo de la ley del 41 (Ley 3056/09 y sucesivas, comúnmente llamada Ley Anchorena), incluso a pesar de los resultados del convenio que firmó el Ministerio de Desarrollo Urbano con la FADU UBA, que evaluó durante el año 2013 y 2014 las parcelas del catastro del 41 sujetas a esa ley.

   Por eso en la propuesta que hicimos con el CPAU, lo más importante del tratamiento de los edificios existentes es que el arquitecto, o la persona que está a cargo de esa obra, presente una propuesta. Obviamente aprobada por la administración, pero que una vez aprobada, pueda ser una propuesta mitigadora, mejoradora, de acuerdo a la realidad económica de los propietarios. Esto conlleva una valorización del rol profesional.

   Por ejemplo, cuando no están los planos en los archivos de la ciudad hay que relevar la totalidad del edificio. Si tengo que relevar, que la administración no me pida que vaya a buscar a no sé dónde un plano que no existe. Esto muestra que la administración tiene que administrar mejor, valga la redundancia. Es como si quisiera salvarse a sí misma: “traiga el plano, porque nosotros tenemos todos los planos”. Mentira, no los tienen. La administración tiene que volver a la realidad y construir el problema en forma distinta, y así vamos a poder solucionarlo.
   
   
    

4. El Gobierno quiso que el CPAU intervenga en la evaluación de un nuevo Código de Edificación. La respuesta del CPAU es un texto nuevo y muy distinto, ¿Cómo llegaron a esta propuesta?

   Hace dos años y medio, cuando asumió Augusto Penedo como presidente, del GCBA nos presentaron un código que habían redactado. Lo empezamos a leer y tuvimos muchísimas críticas: en particular sobre cuáles son los límites legales de la actuación profesional, algo que estaba muy confuso. En un código de edificación, aparte de cómo debe ser la actuación de un profesional, solo hay que decir cómo se construye en sus opciones mínimas y máximas, y no es un manual de construcciones. 

   La acción de escuchar a los profesionales contiene en sí misma una visión más realista, para intentar solucionar mejor los problemas.

   Cuando leímos eso, se nos ocurrió, escribir una propuesta de profesionales del CPAU, todos con mucha experiencia, sumando a los ingenieros, actores también de la construcción de la Ciudad. Profesionales con la experiencia de haberse enfrentado a los problemas que plantea el código actual y básicamente los problemas burocráticos que plantea su administración. El hecho de haberse enfrentado a ellos marca la diferencia, porque no se trata solamente de llamar a una consultora y que redacte algo bonito de imposible cumplimiento. Yo creo que es una parte de nuestro país niño, que todavía no logramos superar, a pesar de más de 32 años de democracia. Por eso nuestra propuesta del CPAU, es una propuesta para debatir con las autoridades. Nosotros y el CPAU en especial, pensamos que debemos ayudar a las autoridades. La acción de escuchar a los profesionales contiene en sí misma una visión más realista, para intentar solucionar mejor los problemas.
    

5. ¿Cómo encararon el tema del uso de los edificios patrimoniales?

   Otra de las cosas que nunca hace la administración es ver cuáles son las preferencias de la gente para usar uno u otro lugar. Hoy en día es común rehabilitar un determinado edificio para oficinas y que la gente no lo quiera porque prefiere oficinas más grandes, más modernas, y probablemente por eso tienen más éxito las grandes naves. 

   Hay que aggiornarse en ese tema, dedicar tiempo a estudiar y a pensar esto. ¿Por qué se alquila en tanto una oficina de grandes naves y en tan poco una sobre la Diagonal, o la Avenida de Mayo o en la zona de Congreso? No todo sirve para todo, por más patrimonio que sea, y habría que ser más amplio, pensarlo mejor. Intentar otros programas, por ejemplo vivienda, para poder darle un uso alternativo a algunos edificios.

   Las normas no se pueden basar solo en la restricción, en el “esto no lo tires abajo, esto no lo modifiques”. Eso no se hace en ningún país del mundo. Y después está la prohibición absoluta de demoler. Hay veces que para mejorar el edificio y adecuarlo a nuevos usos, es necesario demoler obras agregadas y partes que no están realizadas de acuerdo al proyecto inicial, o que ya están fuera de uso. Acá cuando hay protección integral no se puede tocar absolutamente nada, pero el edificio está destruido por más que esté catalogado como protegido integralmente, por la falta de inversión. La administración se cuida de decir lo políticamente correcto, no entrar en conflictos, pero la realidad va diametralmente por otro lado. Y después nos quejamos de que se hacen malas obras.

   Por ejemplo: hace unos días vi un edificio declarado con protección patrimonial donde pintaron de negro el granito rojo original. Está rodeado de oficinas administrativas: dedicadas a la conservación del patrimonio: la del centro histórico, de la legislatura, de la oficina cultural de la ciudad… y nadie se dio cuenta. Se hacen malas obras porque las buenas obras aparte de necesitar pensarlas bien, cuestan mucho, y hay que admitirlo. Las obras se pagan: recuperación del patrimonio sin dinero no existe. Tenemos barrios enteros de la capital con zonas declaradas APH tugurizadas totalmente. ¿Nadie se fija en eso?

   Tenemos que atender estas cuestiones, salir del fracaso y producir normas y políticas públicas más realistas.