Vivienda Social bajo la Ley 341
Paulo Gastón Flores
Mi experiencia con la vivienda social se encuadra bajo la operatoria de Ley 341.
Junto al arquitecto Nicolás Goldenberg, una socióloga, una contadora y una abogada conformamos un equipo técnico (ETI), que fue seleccionado mediante antecedentes por varias cooperativas de viviendas. Hemos realizado el proyecto y la dirección de obra por contratista principal de tres cooperativas.
El proceso se inició con la compra de los terrenos, la presentación municipal para la obtención del crédito. El desarrollo completo llevó en el mejor de los casos seis años, y en el peor diez.
Aparte del paso del tiempo, las principales dificultades fueron: los montos iniciales fuera de mercado, inflación, demoras en los pagos de certificados, bajos índices de actualización, ineficiencias de mano de obra… etc. Esta combinación provocó ahogo financiero de las contratistas, extensión en el tiempo de los gastos fijos de obra y finalmente desfasajes presupuestarios. Para compensar los mismos se realizaron varias re-determinaciones. En este sentido, fue de destacar el apoyo técnico de las arquitectas del Instituto de la Vivienda, siendo una gran ayuda dentro del mar de burocracia de las diferentes gestiones.
Varios profesionales de otros ETI quedaron en el camino debido a que no fue un proceso económicamente rentable. Sin embargo, la satisfacción personal de haberlas concluido compensa los años de trabajo. En este camino, discutimos, consensuamos, cambiaron autoridades, subcontratistas, pero finalmente hoy los cooperativistas están viviendo en sus casas.
En sus propias palabras[1]:
“Para 27 de Mayo, la ley 341 fue una esperanza, una ilusión. Pero también fue desgaste y sufrimiento. Sin embargo, cumplimos el sueño de la casa propia”.
—Emiliana Mamani, ex-presidenta Cooperativa Madres 27 de Mayo.
“Reza un dicho popular: el trabajo dignifica. Pero lo que realmente enaltece la conciencia de pertenencia a un espacio, a un tiempo y a una humanidad compartida es el tener un hogar hecho con ese mismo trabajo que dignifica. El proyecto de autogestión de la ley 341 nos ha permitido como cooperativa edificar, consolidar lazos y enraizar nuestra pertenencia al nuevo barrio y la ciudad”.
—Nicolás Müller, ex-presidente Cooperativa Construyéndonos.
La administración propia de los recursos (sin intermediarios) ha contribuido de manera total a la transparencia del proceso. Cualquier malversación de fondos de los recursos recibidos podría haber jugado en contra de su interés final: la posesión de una vivienda propia.
Resumiendo: ineficiente, pero transparente. Casi no se han vuelto a dar más créditos mediante este mecanismo.
Si bien es cierto que el acceso a la vivienda social hoy es un problema en todas las capitales, debido principalmente a la escasez de lotes a precios razonables, a los procesos de gentrificación y al aumento del valor del m2 respecto al salario básico, considero que la realización de viviendas con fondos públicos no pareciera ser prioridad para las actuales autoridades. Las estadísticas del IVC respecto a obras inauguradas y en proceso de construcción (salvo las de la villa olímpica) son paupérrimas y objeto de varias presentaciones judiciales ante su vaguedad.
Mientras que los impuestos y la toma internacional de deuda se inviertan en la realización de bebederos para perros con logos gubernamentales -cual bajada de línea de marketing: “queremos cosas con punch”-, el futuro del acceso a la vivienda será más incierto que lo razonable.
La disquisición entre lo esencial y lo accesorio no solo es una discusión arquitectónica.
[1] Conversaciones por escrito con el autor, con el objetivo de ser reproducidas en este medio.
Fotografía: Juan Pablo Esteva
