Conflictos en torno a los humedales costeros en la Ciudad de Buenos Aires
Melina Tobías, Leonardo Fernández
Presión inmobiliaria y resistencias ciudadanas.
Introducción
En las últimas décadas los conflictos ambientales han ganado protagonismo dentro de la escena pública. Esto responde en gran medida a la profundización del modelo extractivo, expresado en la dilapidación y contaminación de recursos naturales tales como los bosques, los suelos y el agua, entre otros. Estos procesos no sólo tienen lugar en ámbitos rurales, sino que también se expresan en las ciudades a través de mecanismos de desposesión y agudización de las desigualdades socioambientales, lo que algunos autores definen como extractivismo urbano (Svampa, Viale, 2014; Vásquez Duplat, 2017).
En Buenos Aires es posible advertir, a partir de la década de los noventa, un creciente flujo de capitales internacionales (y luego también locales), volcado al mercado inmobiliario, que terminó afianzando los lazos entre el mercado financiero y la renta urbana (Wertheimer, 2021). En este contexto, el presente texto se propone analizar las disputas recientes en torno a los proyectos inmobiliarios en el borde ribereño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos referimos concretamente al predio ex Ciudad deportiva de la Boca en Costanera Sur (el proyecto llamado Costa Urbana), y a los terrenos de Punta Carrasco y Costa Salguero, en Costanera Norte (proyecto llamado Distrito Joven). En ambos casos interesa reconstruir el origen de las controversias, así como las valoraciones que se ponen en juego sobre estas tierras al calor del conflicto.
Conflicto en torno al proyecto “Costa Urbana” en Costanera Sur
Costa Urbana corresponde a un proyecto inmobiliario propuesto por el grupo IRSA, situado sobre un humedal ribereño de 71 hectáreas de la Costanera Sur, frente a Puerto Madero y próximo al barrio Rodrigo Bueno.
El polígono corresponde a un área de relleno ganada al Río de la Plata, como gran parte del frente costero de la ciudad. Originalmente estas tierras pertenecían al Estado Nacional y fueron donadas al Club Boca Juniors para la construcción de un estadio (Ley 16.575/64). En la última dictadura militar y luego durante los gobiernos de Carlos Menem, se crearon nuevas normativas que habilitaron la venta del predio. Así fue que en 1992 se vendió a la empresa Solares Santa María SA, que a su vez fue comprada en 1997 por el Grupo IRSA. Desde entonces se presentaron en la Legislatura diversos proyectos promovidos por el Gobierno de la Ciudad e IRSA para modificar los códigos de planificación (hasta entonces sólo se habilitaban usos deportivos en el predio) y lograr así una mayor constructibilidad. El último intento fue a mediados del año 2021, cuando el Gobierno presentó en la Legislatura el convenio urbanístico firmado con IRSA para habilitar nuevos usos del suelo en el predio de la ex Ciudad Deportiva y poder así construir un complejo de viviendas, hoteles y locales, con espacios verdes públicos y privados. Si bien durante los meses de octubre y noviembre se llevó adelante una audiencia pública para evaluar el proyecto, donde se evidenció un rechazo generalizado al proyecto por parte de organizaciones sociales y vecinos de la ciudad, el carácter no vinculante de la misma no pudo impedir que en diciembre la Legislatura termine aprobando el convenio en segunda lectura (ley 6476/2021), dando lugar a un conflicto explícito por el uso de la tierra urbana.
La movilización de organizaciones sociales y vecinos en contra del proyecto[1], llevó al armado de una causa judicial por la falta de mecanismos de participación ciudadana y ausencia de estudios de evaluación de impacto del proyecto, que derivó en la nulidad del convenio por parte del poder judicial de la ciudad en marzo del 2022.
Foto: Cecilia Sibilia @ceci_sblia
Disputas por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco
En simultáneo al conflicto por Costa Urbana, tomó visibilidad dentro de la agenda pública otra disputa por el borde costero en la Costanera Norte, particularmente en un terreno de 32 hectáreas donde se localizan los predios conocidos como Costa Salguero y Punta Carrasco. Ambos forman parte de las concesiones realizadas a privados en la década de los noventa por un lapso de treinta años que ya culminó, aunque a partir del año 2010 se fueron extendiendo los contratos a través de prórrogas del Gobierno de la Ciudad. Esta situación generó importantes controversias en torno al futuro uso de estas tierras, ya que según la Constitución de la Ciudad (1996) y el Plan Urbano Ambiental (2008), el frente ribereño debería convertirse, una vez finalizadas las concesiones, en un espacio verde de uso público.
No obstante, en el año 2018 la Legislatura porteña aprobó la ley del Distrito Joven (5961/18) impulsada por el Gobierno para el área de Costanera Norte, que abarca desde el Parque de la Memoria hasta Costa Salguero. La ley habilita la venta de parte de las tierras de dominio público a privados. A fines del 2019, una nueva ley aprueba, a su vez, modificar los usos permitidos para construir torres de oficinas y viviendas, además de espacio público (6289/19). Meses más tarde, esta última medida tendiente a privatizar las tierras de dominio público fue declarada inconstitucional por parte de la justicia porteña.
A pesar de los avances y retrocesos en relación a la venta de los predios, el debate en torno a la rezonificación siguió avanzando. Así fue que entre noviembre de 2020 y enero de 2021 se llevó adelante la audiencia pública por la rezonificación, con una masiva participación (más de dos mil inscriptos) y un fuerte rechazo a la iniciativa por parte de organizaciones y vecinos. En simultáneo, organizaciones sociales, ambientales y políticas impulsadas por el Frente de Todos, llevaron adelante una iniciativa popular reuniendo más de cincuenta mil firmas, con el objetivo de rechazar la rezonificación y alentar la creación de un parque público en los predios disputados. A pesar de esta iniciativa, que deberá ser tratada por la legislatura durante el año 2022, en diciembre del 2021 –en el mismo momento y bajo la misma ley que dio lugar al proyecto de Costa Urbana– el Gobierno logró la aprobación en segunda lectura de la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco (Ley 6289), habilitando así la normativa constructiva de esos terrenos públicos y permitiendo que el 22% del espacio de Costa Salguero se destine a la construcción de edificios de hasta 24 metros para viviendas, oficinas, hoteles, entre otros usos. Las valoraciones del borde costero detrás de los conflictos: el rol de los humedales en ámbitos urbanos Por un lado, habilitaron el debate sobre la necesidad de construir espacios verdes de acceso libre en la ciudad. Por otro lado, reconocieron la importancia que tiene la preservación del borde costero en tanto representa humedales de gran valor ambiental. Aquí interesa enfatizar la centralidad de este tipo de paisajes en ámbitos urbanos, ya que los humedales cumplen múltiples funciones, entre las que se destaca la regulación de las inundaciones (a través del efecto “esponja” que permite absorber y retener las aguas en momentos de crecidas por sudestadas o por precipitaciones intensas), la estabilización del clima local (en tanto representan sumideros de carbono) y el ser reservorio de biodiversidad (al contener diversidad de flora y fauna nativa). Todos estos servicios que ofrece el humedal se tornan centrales en contextos de calentamiento global y de aumento del nivel de las aguas producto del cambio climático. En este sentido, preservar las características ecosistémicas de estos paisajes y habilitarlos como espacios públicos de acceso libre no sólo promueve una visión de ciudad más inclusiva en términos sociales y ambientales, sino también más resiliente frente a la variabilidad climática que enfrentamos. Referencias
[1] La causa judicial fue impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (La Defe).
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