Los nuevos futuros urbanos

José Dadon

El enfoque del desarrollo urbano^[1] pensado desde el crecimiento económico propone ciudades cada vez más integradas al mercado global, capaces de atraer inversiones e incorporar y producir masivamente alta tecnología. Ello supone incrementar tanto la masa de consumidores como los recursos energéticos disponibles y, en muchos casos, también la dependencia financiera y tecnológica.

Superar los efectos indeseados de este tipo de desarrollo, como el agotamiento de recursos naturales, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, entre otros, implica que la planificación debe incluir objetivos de restauración y conservación de recursos y procesos naturales. Además de limitar usos urbanos y actividades económicas conflictivas, ambos objetivos requieren la asignación de recursos técnicos y mecanismos de financiación sostenidos en el tiempo. Por su parte, los planes de acción frente al cambio climático proponen la descarbonización de las ciudades hasta alcanzar el cese de emisiones netas y la eficiencia energética.

En esos términos, la ciudad ideal es imaginada como un sistema autosuficiente que se abastece de materiales y alimentos a partir del entorno regional inmediato y crece de manera acorde a esa provisión. Esta noción, reformulada bajo nuevos términos a partir de propuestas ya clásicas, pero de difícil aplicación, como la ciudad jardín de Ebenezer Howard, se encuentra desbordada por las actuales metrópolis. Estas, devenidas en centros financieros, de comunicaciones y de producción de tecnología, albergan todavía amplios sectores de producción industrial empobrecida y áreas de subsistencia precaria donde la brecha social es cada vez más amplia.

Los objetivos de desarrollo sustentable proponen la desaparición de la pobreza, la plena vigencia y equidad de derechos y obligaciones para todos los habitantes, la provisión universal de servicios básicos, educación y salud, la igualdad de oportunidades y el pleno empleo. Si bien todas las administraciones gubernamentales adhieren, al menos formalmente, a dichos objetivos, la conjunción de los mismos encuentra en la realidad límites muy concretos.

La formulación de estos objetivos deseables, por urgentes que sean, se realiza a partir de la identificación de problemas y la estimación de su incidencia negativa en el desarrollo urbano, pero peca de exceso de optimismo al estar desarticulada de una simultánea evaluación de la capacidad de ges- tión y de los medios disponibles en cada sociedad para llevarlos a cabo. Si bien pueden considerarse factibles en el caso de ciudades relativamente pequeñas y aisladas en regiones con clima benévolo y abundancia de recursos, no pareciera serlo en las áreas metropolitanas que actúan como nodos centrales de intensos intercambios y flujos de población, financieros, comerciales y tecnológicos.

Bajo esas condiciones, los objetivos económicos, sociales y ambientales para la sustentabilidad no son realistas, ni compatibles entre sí. Por el contrario, muchos resultan ser mutuamente excluyentes, o bien, ante la imposibilidad de encarar las acciones simultáneas necesarias, conducen a una alternancia entre situaciones críticas extremas sin llegar a solucionar ninguna de ellas. Ejemplo de ello son los planes de urbanización de barrios precarios que consolidan situaciones de riesgo ambiental y sanitario al promover el asentamiento y el crecimiento poblacional en áreas degradadas, como antiguos basurales; o bien, la pérdida de servicios ecosistémicos en el caso de los humedales ocupados por barrios cerrados.

La crisis sanitaria incorporó nuevas variables a una ecuación insoluble. Puso en cuestión respuestas que hasta el momento se consideraban razonables y posibles, agudizó problemas ya existentes y creó otros nuevos. El diseño de las medidas sanitarias presuponía que los habitantes de las ciudades cumplen ciertas condiciones promedio, como el nivel socioeconómico, educativo, hábitos de consumo, cobertura de servicios y acceso a redes informáticas. La pandemia obligó de manera compulsiva e inmediata a incorporar como parte del sistema sanitario a los hogares y lugares de residencia de la población, no solo para encarar medidas de prevención, sino como sedes de atención primaria e internación. Se revelaron de manera dramática las consecuencias de la enorme inequidad territorial que subsiste en las metrópolis. Las medidas preventivas fueron inaplicables por los sectores de menores recursos y allí recayeron los mayores impactos de la pandemia, resultando en elevados números de personas contagiadas y fallecidas. Las intervenciones de facto, como los «cercos sanitarios» en barrios populares y villas (Lacarreu, 2020), aplicados por autoridades municipales en varios países de la región, resultaron cuando menos cuestionables.

Las epidemias de fin de siglo XIX llevaron a las principales ciudades de América Latina y del mundo a implementar servicios de agua potable, saneamiento y transporte de bajo consumo energético. La planificación de las ciudades debe incorporar ahora los conocimientos aprendidos durante las emergencias sanitarias. En los periodos interpandémicos la población tiende a reconstruir la cotidianeidad previa intentando dejar atrás las penurias sufridas, pero los responsables de la gestión urbana no deberían seguir idéntica conducta. Los actuales patrones de intervención urbana deben ser reformulados para reducir riesgos e impactos sociales, económicos y ambientales y enfrentar futuras emergencias, como las esperables a partir del análisis de escenarios de cambio climático, cuyos riesgos latentes podrían manifestarse con singular intensidad.

La experiencia mundial adquirida durante el período 2020-2021 indica que no basta con determinar causas, síntomas y formas de transmisión para enfrentar las crisis y emergencias. Esto se puso en evidencia durante la pandemia, cuando diversas medidas que apelaban a la cooperación de los ciudadanos resultaron difíciles de sostener o fracasaron, aun cuando sirvieran al propio beneficio. El diseño y la implementación de planes de acción deben estar fundamentados de manera inexcusable en conocimientos científicos, pero también es indispensable contar con amplio consenso previo sobre salud pública y calidad ambiental. Para eso, deben profundizarse las campañas de educación e información científica y ampliarse los canales de consulta y participación ciudadana.

En términos más enfáticos, es necesario dar prioridad a planes de acceso a la vivienda digna, al redimensionamiento y fortalecimiento de los sistemas de salud y las redes de energía, agua y saneamiento para brindar servicios esenciales a la totalidad de la población, así como revisar los criterios escogidos para el diseño y usos del espacio público, el equipamiento comunitario y los sistemas de movilidad y transporte.

Conviene entonces revisitar el futuro, sin extrapolar las tendencias del pasado ni insistir con premisas que se revelaron erróneas, sino para solucionar problemas del presente. Aun considerando un amplio y variado espectro de alternativas posibles, en cualquier futuro deseable las prioridades deben ser claras y orientarse a revertir, o al menos mitigar, la inequidad territorial y avanzar en la integración social como objetivos relevantes, ineludibles y urgentes. 

Bibliografía
Lacarrieu, M. (2020). Habitar y gobernar los territorios de la pobreza en tiempos de pandemia: tensiones entre el aislamiento y los derechos a la ciudad. Cuestión Urbana, 8-9.

[1] El presente artículo es un extracto de uno mayor, titulado «Conglomerados metropolitanos y COVID-19: cuestiones críticas para el rediseño urbano y la gestión ambiental», publicado en la revista Cuestión Urbana, 10, en diciembre de 2021.