Espacios verdes públicos: marketing verde o democracia participativa ambiental

Este indicador ambiental no se distribuye de manera uniforme en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, resultando extremadamente crítico en los barrios populares, donde alcanza valores cien veces menores a los recomendados. 

Se estima que, actualmente, los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires representan un 15% de la población total de la ciudad, es decir, aproximadamente 400.000 habitantes de la Ciudad no acceden formalmente a los servicios básicos y se encuentran expuestos permanentemente a elevados riesgos sanitarios y ambientales. En el sur de la Ciudad, en las Comunas 4 y 8, donde 1 de cada 3 habitantes vive en una villa, asentamiento o barrio popular, la mortalidad infantil se multiplica entre 2 y 3 veces respecto a las comunas del norte y la esperanza de vida está reducida en promedio 10 años. Democratizar el espacio público nos obliga a replantear dos dimensiones centrales y en permanente diálogo: la ambiental y la accesibilidad, ambas críticas en los barrios populares.

Durante el período 2019-2021, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA junto a mujeres integrantes de la organización social Salvador Herrera y la Secretaría de Discapacidad de la CTA-Capital, relevó diferentes dimensiones del espacio público en los barrios populares Villa 20, el sector de Caacupé de la Villa 21-24, Inta, Scapino y Albariños de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las dimensiones del espacio público relevadas fueron las condiciones de accesibilidad al espacio público, el arbolado, la disposición de los residuos sólidos urbanos, las luminarias y las superficies verdes públicas. 

Los resultados del relevamiento evidenciaron que en Villa 20 hay 1 árbol cada 80 habitantes y la superficie verde por habitantes es de 0,122 metros cuadrados. En el caso del barrio Scapino se obtuvieron resultados coincidentes, 1 árbol cada 71 habitantes. Y en el barrio Albariños, 1 árbol cada 600 habitantes.  

El relevamiento del espacio público se complementó con la realización de una encuesta de discapacidad. La encuesta incorporó un módulo donde las familias encuestadas debían priorizar dimensiones del espacio público a mejorar en su barrio. Los resultados fueron coincidentes en todos los barrios relevados: mejorar las condiciones de accesibilidad, la oferta de superficies verdes y la luminaria pública. 

El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) y la Defensoría de Laburantes, a partir de un reciente pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Espacio Público y las Secretarías de Ambiente y Gestión Comunal, elaboraron un informe en relación al estado actual de las superficies verdes públicas de la Ciudad. El informe revela, por un lado, que la información proporcionada por los organismos competentes de la Ciudad no coincide con la que figura en sitios oficiales y, además, corrobora que el gobierno porteño contabiliza como superficies verdes absorbentes a las plazas cementadas, los terrenos no absorbentes bajo la traza de las autopistas, canteros, “veredones” y bulevares. 

A través del nuevo Código Urbanístico, sancionado en 2018, el Gobierno porteño se comprometió a promover lo que llamó Espacios Verdes de Proximidad, una serie de parques y plazas de uso cotidiano que debían estar al alcance de los/as vecinos/as, a una distancia no mayor de cinco minutos de caminata (400 m). Se trató de una suerte de contraprestación a cambio de permitirle al mercado inmobiliario que se triplicara y hasta quintuplicara la capacidad constructiva en barrios residenciales de casas bajas, que iban a llenarse de potenciales nuevos habitantes. Sin embargo, este mandato legal se encuentra incumplido. 

Estas mismas organizaciones, acompañadas por decenas de asambleas y colectivos urbanos, presentaron el año pasado en la Legislatura porteña un proyecto de Ley de Marco de Espacios Verdes. Este proyecto definía los espacios públicos verdes en función de la accesibilidad, el uso, la proximidad, la conexión vertical hidrológica entre las aguas de lluvias y las napas y sus dimensiones mínimas. Además, incorporaba la dimensión de la agroecología urbana, la educación ambiental y mecanismos democráticos de gestión. Si bien el proyecto fue impulsado por numerosos colectivos ciudadanos, está a la espera de que alguna legisladora o legislador de la Ciudad le dé estado parlamentario para que pueda comenzar a debatirse en las diferentes comisiones de la Legislatura Porteña. 

Uno de los grandes desafíos en el marco de la agenda climática es repensar nuevos modelos de ciudad basados en la democratización de todas las dimensiones urbanas desde una perspectiva ambiental y de género. La pandemia por COVID-19 ha profundizado las desigualdades urbanas y ha visibilizado la importancia de los espacios públicos para garantizar una calidad de vida adecuada a los habitantes. Alcanzar la democratización de la ciudad con estándares adecuados de calidad de vida implica poder habitar, transitar y disfrutar de los centros urbanos en igualdad de condiciones.