Gestión urbana y desigualdad: una asignatura pendiente
Gabriela Muzio, Natalia Acevedo
La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia las grandes debilidades de los sistemas urbanos, que tienen profundas raíces históricas y estructurales y que atraviesan las dinámicas socioeconómicas de destrucción medioambiental y de reproducción de las desigualdades. Diversos estudios y análisis de las propuestas que han proliferado en torno a las soluciones parciales (que intentaban resolver la situación particular del confinamiento) buscan recuperar un pensamiento crítico y complejo sobre las problemáticas estructurales de las formas de “hacer ciudad”.
Una de las principales preocupaciones que se plantean es la desigualdad, no solo en términos económicos y sociales, sino “más bien la disparidad entre densidad equilibrada y servicios adecuados” (ONU Habitat, 2021). La desigualdad, con una mirada que va más allá del acceso a los centros urbanos, despliega una serie de interrogantes en torno a la calidad de vida de los habitantes: la calidad del espacio público, el acceso a la vivienda asequible, el acceso a los servicios públicos, la calidad de la movilidad, las economías barriales y la productividad de las ciudades, las desigualdades de género, etc., por mencionar algunos (CAF, 2021).
Repensar la forma y la función de la ciudad implica abordar todas estas cuestiones, y el rol del Estado para llevar adelante la reconfiguración de los sistemas urbanos es indispensable. Los organismos internacionales reconocen el papel fundamental de los gobiernos para asegurar una gobernanza cooperativa (ONU Hábitat, 2021), que promueva una mejor calidad de vida, y regular, a través de las normativas y las legislaciones, el desarrollo de marcos institucionales y financieros que se adecúen a las necesidades habitacionales locales.
En este contexto, la política pública desarrollada en la ciudad de Buenos Aires ha ido en contramarcha de lo que se viene planteando a nivel global. Con la implementación de las disposiciones sanitarias para afrontar la crisis mundial de la pandemia, las dinámicas barriales se vieron afectadas, sectorizando actividades, incorporando nuevas y degradando zonas de flujo históricas como el área central. Pero, ¿hasta qué punto la situación actual del área central es producto de una crisis mundial como la pandemia de COVID-19 y no el fruto de una sucesión de políticas orientadas por los intereses del mercado?
El centro es un ejemplo paradigmático del rol que tiene el gobierno local en la creciente turistificación[1] de la ciudad. En 2021 la superficie permisada con destino a oficinas para administración, banca y finanzas fue de 386.857m2, un 231% más que en 2019. Se permisaron 79.772 m2 de nuevos comercios y las solicitudes destinadas a cultura y espectáculos fueron de 2.931m2 en 2019 a 61.099 m2.[2] Parecería no tratarse de una desaparición de la demanda provocada por el home working, sino de un problema de administración en la localización de la oferta. Las políticas de promoción de radicación de oficinas y comercios en zonas descentralizadas;[3] las nuevas trazas de movilidad con restricciones de circulación y de estacionamiento sin una mejora en la oferta y calidad del transporte público; la formulación de leyes que promueven la reconversión de viviendas permanentes en viviendas de alquiler temporal, para abastecer un sector que ya está saturado, elevando los precios de los alquileres a largo plazo (Granero, 2018); los cambios introducidos en el Código Urbanístico que modifican las condiciones de protección patrimonial;[4] evidencian un proceso de desatomización y vaciamiento de la zona dotada con la mayor infraestructura de toda la ciudad.
En los últimos años, la implementación estratégica de políticas fragmentarias[5] sostiene una visión mercantil del suelo urbano y promueve un proyecto de ciudad neoliberal financiero,[6] un modelo de ciudad que ha fracasado en disminuir la brecha de la desigualdad.
Los casos de estudio han planteado la necesidad de (re)construcción de ciudades habitables y saludables, con políticas públicas que replanteen la vivienda como un bien social, para frenar la inestabilidad, la dificultad de acceso, los precios abusivos, y dar el debate acerca de los parámetros en los que se intenta construir viviendas, que inciden directamente en el precio de un suelo mercantilizado.
La tendencia global a producir espacios habitacionales cada vez más limitados, insiste en el proyecto de ciudad en proceso de turistificación, lo cual no solo expulsa a sus habitantes, sino que desconoce las necesidades de desarrollo locales y limita las posibilidades productivo-económicas de la ciudad. La incorporación de estrategias que permitan definir un modelo productivo basado en la capacidad de nuestras ciudades y territorios para fomentar el autoabastecimiento comercial, alimentario, energético e industrial, sigue siendo un tema pendiente.
La ciudad debe planificarse frente a los fenómenos urbanos. Fragmentar el campo de actuación en sectores específicos y aparentemente inconexos puede generar una ilusión de éxito frente a los desafíos que presenta la gestión urbana, soslayando problemáticas de difícil resolución. Ahora bien, ¿son estos éxitos reales de gestión? ¿Mejoran sustancialmente la vida de las y los habitantes de nuestras ciudades?
Referencias
CAF (2021). 10 Propuestas para la Ciudad Latinoamericana Pos-COVID-19. Resultados del Concurso de ideas COVID-19: Nuevas oportunidades para ciudades sostenibles [Informe] Ver Informe
Granero, G. (2018). Alquileres Temporarios: el impacto de Airbnb en el mercado inmobiliario en Buenos Aires. Serie Ensayos CEM, 16
Nieuwenhuijsen, M. J. (2020). Ciudades post-COVID-19: nuevos modelos urbanos para que las ciudades sean más saludables. ISGLobal, Fundación Caixa. Leer
Rolnik, R. (2021) La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la vivienda en la era de las finanzas. CABA: El Colectivo.
ONU Habitat (2021). Cities and Pandemics: Towards a More Just, Green and Healthy Future, United Nations Human Settlements Programme. Leer
[1] Raquel Rolnik describe este proceso como la reconfiguración del parque de vivienda de alquiler permanente en viviendas para alquileres con fines turísticos cuyos efectos van más allá de la restructuración de los mercados residenciales, resultando en procesos de desposesión y deslocalización de comunidades, en ciudades como Barcelona, Berlín, Nueva York, Dublín, etc.
[2] Véase el Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, para los años 2019, 2020 y 2021.
[3] En general, vinculados al sistema de vías rápidas y al automóvil particular, como General Paz y Acceso Norte. Otros son el Parque de la Innovación, el Distrito Tecnológico en Parque Patricios, el Distrito Audiovisual. A esto se suma la desconcentración de oficinas de la administración a diversos sectores de la Ciudad.
[4] Un ejemplo es la habilitación de la construcción de edificios de altura sobre edificios de valor patrimonial con protección cautelar.
[5] A través de diversos instrumentos de planificación urbana, como los convenios urbanísticos, las leyes de urbanización de barrios populares, rezonificaciones parcelarias, etc.
[6] Según Rolnik, esto se debe en gran medida a que el poder político opera como articulador de las necesidades del poder económico, que amolda la ciudad según los deseos y las necesidades de las élites económicas, políticas y culturales, figurando una forma de gobernabilidad “consensuada”.
