El maquillaje de la exclusión
Julián Salvarredy
El ámbito de los/as profesionales de la arquitectura parece encontrarse en un nuevo ciclo de reflexión crítica frente a una realidad urbana crecientemente desigual e injusta. En este proceso, resulta indispensable la interpelación de los técnicos que operan sobre los aspectos materiales de su transformación.
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Desde una perspectiva humanista, el objetivo de la inclusión social es una condición ética de la práctica arquitectónica, no se trata de una opción ni de una especialidad. Tiene una relación asimilable a la medicina y la salud pública. Cuando podemos alzar la vista, mirar el bosque, y hacernos cargo de la parte que nos toca, podemos dar cuenta de la necesidad y la posibilidad de reconstruir nuestra profesión uniendo en la práctica lo que se supone en la letra de nuestros deberes sociales.
Abordar la relación entre arquitectura e inclusión social resulta un desafío necesario. La producción urbana, por las lógicas estructurantes que impone el capitalismo, reproducen la desigualdad y la fragmentación urbana. Esto es un aspecto predominante e innegable, pero no es el único, ni se desarrolla de un modo homogéneo. La actuación de los/as profesionales de la arquitectura en el proceso de producción urbana no es inocente ni inocua. Es central en nuestro trabajo definir las condiciones de lo aceptable, de los profesionalmente digno, de lo socialmente apropiado.
¿Por qué existen las villas? La explicación de su existencia no se encontrará mirando únicamente villas. ¿Cómo operar en el mejoramiento de la situación habitacional urbana sin abordar esta pregunta con seriedad y compromiso social? Tampoco podrán resolverse los urgentes problemas de estos sectores sociales sin afectar la dinámica urbana en su conjunto. Las respuestas apresuradas, esquemáticas y simplificadoras ocultan el problema y nos alejan de las posibilidades de desarrollar un proceso de transformación que incluya a todos/as los/as protagonistas en la planificación y gestión.
Existen varios cientos de miles de personas viviendo en villas de emergencia; puede constatarse allí lo opuesto a la inclusión social, observando la ausencia de los componentes habitacionales y urbanos que indudablemente forman parte de las condiciones de inclusión. Servicios básicos de mala calidad, ambientes mal iluminados, mal ventilados e insuficientes, entre otras muchas características que no es necesario detallar en este texto.
La producción urbana y su dinámica excluyente
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra la riqueza del territorio nacional, tanto desde el punto de vista de la situación media de acceso a servicios urbanos (en el sentido amplio: servicios básicos, salud, educación, esparcimiento, etc.) como en fragmentos de su territorio que reúnen a los actores más poderosos y enriquecidos del país. El contraste de estos sectores privilegiados con la situación de los barrios populares de la ciudad, es tan evidente como histórico e injusto. En este contexto de desigualdad, típico de nuestra región latinoamericana, los distintos gobiernos abordan políticas de mejoramiento habitacional y barrial, que en los últimos años se autodefinen como procesos de urbanización.
Si bien el desarrollo de una evaluación exhaustiva de las políticas de urbanización de la CABA merece un abordaje más extenso, es posible registrar en este texto sus aspectos más significativos, a los efectos de la práctica profesional de los/as arquitectos/as. En primer lugar, corresponde decir que las políticas de urbanización son una acción reciente y excepcional, si tenemos en cuenta que se produce en algo menos del 10% de los barrios populares de la CABA. Por otra parte, se han desarrollado en los últimos cinco años de los doce que lleva el mismo sector político a cargo del ejecutivo. Este despliegue particular y tardío sucede en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se cuentan por miles la cantidad de arquitectos/as que se forman, muchos/as matriculados/as y muchos/as abocados/as a tareas menos convencionales.
Las políticas de urbanización de villas se hacen visibles e intensifican la acción estatal disponiendo de recursos de todo tipo vinculándose de diversos modos según el caso. Esta diversidad es central, ya que el modo en el que el proceso de transformación del territorio se produce es lo que resulta en una operación inclusiva o en mayor exclusión con otro ropaje. Los edificios, las infraestructuras, las mesas barriales, los grandes fuegos de artificio, no son suficientes para fortalecer las posibilidades de los habitantes de las villas de ejercer el derecho a la ciudad. Los/as profesionales tienen que involucrarse técnica y políticamente en los procesos, transformando también el modo en que ejercen su profesión. En un sistema de relaciones complejo, de procesos y productos, es necesario una práctica profesional situada para dar un resultado inclusivo.
Siguiendo la perspectiva que persigue el derecho a la ciudad, resulta central la apropiación del proceso de transformación territorial (físico, social, económico, ambiental). El desarrollo territorial que mejora el hábitat de los sectores que lo necesitan tiene su punto de inicio en la activación económica y del trabajo que se construye junto a los habitantes de los barrios populares y sus organizaciones, desde la perspectiva social y de género, partiendo de las mejores experiencias de la política urbana reciente. Entonces, quiénes participan, quiénes deciden, dónde se produce, cómo se produce, no resultan interrogantes accesorios sino centrales. En este contexto los procesos y los proyectos arquitectónicos y urbanos son un aspecto necesario de estas políticas de desarrollo territorial y hábitat, no un complemento intrascendente o aislable. Comprendidos de este modo, son instrumentos que se inscriben en una gestión territorial inclusiva que promueve el derecho a la ciudad.[1]
En contraposición a lo enunciado, el gobierno porteño ha utilizado la problemática habitacional y urbana de las villas de la ciudad como una táctica de coyuntura frente a diversos conflictos. Por un lado, llevó adelante una política que dejó atrás la erradicación de villas —que fue su política inicial— por la resistencia de sus pobladores y organizaciones. En ese camino, desarrolló un proceso de transformación urbana asimilable a la urbanización, que le permite dar continuidad a su política de desigualdad territorial, en favor de los desarrolladores inmobiliarios, grandes empresarios y financistas. Es posible constatar que, de los entre cuarenta y sesenta barrios populares porteños —según la fuente que se tome—, los cuatro casos que se han priorizado (Villa 20 y 31, Fraga, Rodrigo Bueno) son procesos asociados a desarrollos inmobiliarios y emprendimientos de marketing urbano vinculados al turismo. En este sentido, la urbanización de villas opera en sí como un avance en la resolución de algunos de los problemas habitacionales de sus pobladores, y en general como parte de una dinámica excluyente. Las arquitecturas que se despliegan son indispensables para esta operación de remediación, y de simulación.
Por otro lado, en su instrumentación, la política liberal de urbanización ejercida por este gobierno, lejos de apoyar y fomentar la organización solidaria de los pobladores, promueve el desarrollo de los individuos como propietarios. De este modo la inclusión social o urbana tiene un eje mercantil, que pretende que paguen sus impuestos, paguen por los servicios, etc. Esta condición tiene el elevado riesgo de viabilizar la reproducción del capital desplazando a la población actual. De esta manera, en definitiva, se empuja a la conveniencia de realizar la diferencia monetaria que les ofrecen con la venta de la vivienda mejorada, o se tiende a la expulsión por la imposibilidad del sostenimiento en las nuevas condiciones de costos de reproducción de su vida cotidiana.
Finalmente, los «buenos edificios» y los fragmentos urbanos «bien resueltos» se inscriben en procesos generales que favorecen la exclusión del derecho a la ciudad y la privatización del espacio público. Como en el caso reciente de Costa Salguero, se utiliza el trabajo de miles de profesionales o de futuros arquitectos y arquitectas que aportan su trabajo en concursos, que en nombre de la integración fragmentan, y en nombre de la defensa de lo público favorecen los intereses privados de sectores ya privilegiados por el sistema económico. De este modo, se pone lo más valioso de la producción de estudiantes y docentes, sus programas y proyectos, al servicio de una operación que contradice el sentido social de la formación de profesionales en la universidad pública.
La Arquitectura como maquillaje
Resulta necesario y útil observar quiénes son los actores efectivamente incluidos y considerados en las operaciones estructurales, de gran escala e inversión, involucrados en esta transformación territorial. En este juego de actores, que participan del proceso de decisión, del proceso de gestión y de materialización, pueden observarse, por ejemplo, las grandes empresas constructoras, desarrolladoras inmobiliaria o agentes financieros.[2]
En definitiva, la arquitectura para la inclusión, opera como maquillaje para la exclusión. Los/as arquitectos/as que trabajan en estos procesos con una perspectiva efectivamente inclusiva, no deberían avalar los instrumentos de participación ficticios, ni proyectar transformaciones descontextualizadas que se convierten en engranajes del engaño. En ese contexto, la FADU-UBA ha aportado reiteradamente su grano de arena, dando su nombre para la organización de concursos públicos para operaciones innecesarias, que justifican la toma de deuda y la movilización de capitales como un fin en principal pero muchas veces omitido.[3]
Finalmente, la manera inclusiva de operar en las políticas de urbanización de villas requiere transformaciones de diversas escalas, todas relacionadas y necesarias. Procesos de gestión democrática del territorio que sean concebidos y desarrollados atendiendo su condición multidimensional (física, ambiental, económica, política). Una programación transparente e inclusiva, que dé cuenta del modo en el que progresivamente la realización del derecho a la ciudad será una realidad para todos los/as habitantes. Transformaciones territoriales que afecten la desigualdad como una relación compleja, ya que, sin afectar la mercantilización de la vida urbana, será imposible trascender la fragmentación del territorio que condena a los/as pobladores/as de la villa a una vida cotidiana llena de injusticias.
[1] «Para ser mejores, mejores políticas urbanas». Diciembre de 2019 en Proyecto Habitar
[2] «Adjudican obra para la nueva Autopista Illia». Diario El Cronista, 29 de marzo, 2017.
[3] «La urbanización del barrio 31, políticas de desigualdad y exclusión». Noviembre de 2017 en Proyecto Habitar
