La integración sociourbana como escenario de transformación

Santiago Chudnovsky

El país necesita un arquitecto
que trace un barrio desde el tractor,
que converse bajo el alero de un rancho,
que coma el pan casero,
que camine polvaredas,
que se meta en el monte,
que llegue también a caballo,
que construya con materiales autóctonos,
que sea uno más en la obra,
que escuche otras opiniones,
que sea creativo con lo de todos los días,
que acepte el salario que todos perciben,
que no traiga imágenes extrañas,
sino que rescate nuestras esencias,
que no sueñe con paisajes de otras tierras
sino que disfrute con los nuestros,
que no idealice al hombre extranjero
sino que ame sus propias raíces.

— Roberto Frangella

«El país necesita un arquitecto/a… que camine polvaredas», es el fragmento de un poema de Roberto Frangella, que cada tanto se escurre en nuestro día a día.

Es que cierta insatisfacción disciplinar empezó a fijarse en una camada de jóvenes que apenas tienen unos pocos pasos hechos con el rollito bajo del brazo. Es que aún no cierra eso de trabajar sentados en nuestros privilegios y para los privilegiados. Estoy convencido de que una nueva generación de arquitectos y arquitectas está irrumpiendo desde una práctica concreta asociada a la realidad de los barrios populares. También es evidente que aún es pequeña y poco escuchada, y creo que ahí está nuestro desafío: aprovechar las ventanas de oportunidad, prepararnos para transformar estructuralmente la realidad, aportar para construir un nuevo proyecto nacional desde nuestro campo disciplinar, evitando caer en un renovado corporativismo, y empezando por los últimos.

Son tres los lugares donde nació y se está desarrollando: en el marco de algún espacio académico que priorizó seriamente poner la mirada en las periferias; colaborando con alguna organización comunitaria en territorio, o bien desde la participación activa en una política pública del Estado. Vamos a decirlo: ninguno de estos tres espacios tiene buena reputación en el mundillo de los arquitectos, para la mayoría garpa más salir publicado en la revista Summa, o que te inviten a alguna charla, o trabajar en un estudio canchero o en una potente constructora. La cultura hegemónica dentro de la arquitectura está lejos de asumir la transformación de la realidad de los más humildes como parte protagónica de la profesión. 

Sin embargo, hace tiempo se vienen generando redes de arquitectos y arquitectas con una perspectiva de transformación. Una serie de grupos, colectivos y también gente suelta, que se articula a partir de encuentros, de cátedras y de prácticas constructivas en territorio. Aunque, a decir verdad, aún están bastante dispersos entre sí. 

Tal vez sea útil describir un nuevo escenario donde articular estas partes. Un campo de juego que se está construyendo desde hace algunos años y creo que es la oportunidad para consolidar un proyecto de largo alcance: la integración socio-urbana de los barrios populares.

Las ideas para intervenir en estos barrios fueron muchas a lo largo de la historia reciente: en los años sesenta y setenta, la erradicación total guió dramáticamente la intervención estatal; pero ya con la democracia primó la idea opuesta: la radicación definitiva de la gente en su territorio; y más tarde el concepto de reurbanización pretendía reforzar el reconocimiento de las formas urbanas existentes garantizando mejoras y transformaciones. Hoy podríamos decir que hablamos de un incipiente nuevo paradigma. La integración socio-urbana de los barrios populares es una idea que tomó impulso en los últimos años, probablemente guiada por la agenda de Tierra, Techo y Trabajo y empujada por la fuerza de los movimientos sociales, que renueva una histórica demanda de los sectores populares. 

Vale la pena detenerse en esto último: este nuevo escenario fue principalmente promovido de abajo hacia arriba. El sector de la economía popular, los excluidos y marginados del sistema formal, los movimientos sociales que trabajan diariamente en villas y asentamientos, son un actor emergente de estos últimos años que ha irrumpido en la escena política con cada vez más fuerza y capacidad de organización y presión. En ellos, más que en cualquier actor político o académico, está presente la agenda de la integración socio-urbana de los barrios en los que habitan. Gracias a esta fuerza se consiguió definir una secretaría de estado con el desafío de abordar la problemática de los 4416 barrios populares que existen en nuestro país, según el Registro Nacional de Barrios Populares (una iniciativa también promovida por las propias organizaciones comunitarias).

La política de integración sociourbana que se está poniendo en marcha implica la posibilidad de concretar cientos de proyectos de todo tipo y color. Las necesidades de los barrios son tantas como el abanico de respuestas que se necesitan. Actualmente se están desarrollando obras de mejoramiento habitacional, infraestructura básica de servicios para garantizar el acceso al agua, la cloaca y la electricidad, equipamientos comunitarios para fortalecer la organización local, espacios públicos y deportivos, veredas para que los y las pibas no lleguen embarrados al colegio, obras de mitigación ambiental, entre muchas otras, que no solo cubren lo básico, sino que aspiran a garantizar la igualdad de derechos y oportunidades urbanas.

Me arriesgo a decir que las intervenciones de este tipo solo funcionan en la medida en que se garantiza la articulación entre la gestión estatal y su financiamiento, con la gestión social de lo público. Esto último se expresa en dos grandes aportes: por un lado asumiendo como protagónica la organización comunitaria y el entramado social existente: ningún arquitecto desempolvado le va a dar en el clavo si solo piensa desde el escritorio; y por el otro la incorporación de las cooperativas de la economía popular que vienen peleando por más y mejores condiciones de trabajo, en un escenario en donde la exclusión del mercado laboral de millones de personas en nuestro país es la evidencia de un grave problema estructural y sistémico.

Si aspiramos a abordar este asunto de manera seria y sostenida, es indudable que tenemos que pensar en la escala de ese abordaje, que abarca los más de 4416 barrios con 4 millones de personas: la intervención debe masificarse fuertemente y además contemplar la garantía de acceder al suelo a la población de estos mismos barrios. Esto debería llevarnos a poner en valor nuevamente la necesidad de una planificación integral de las políticas del hábitat y el desarrollo de nuestro territorio.

Es ya evidente la necesidad de que cientos de arquitectos y arquitectas formen parte de este enorme desafío. Los espacios para hacerlo siguen siendo los mismos: construyendo de la mano de la organización comunitaria en cualquiera de sus formas, aportando a una formación profesional crítica o participando desde la esfera estatal para cualificar la política pública. No concebirnos como protagónicos, imprescindibles, cerrados a los aportes del propio saber popular o incluso de otras disciplinas debe ser una premisa sobre la que partir indefectiblemente. Nos han formado con valores contrapuestos a estas ideas, y vale la pena desarmarlos.

El país necesita un/a arquitecto/a con sensibilidad, con perspectiva humanista y con solidez técnica y, para quien no está sus planes resignarse a un futuro injusto, más temprano que tarde debemos ponernos a la altura de las circunstancias.

Esta nota toma fragmentos de un artículo publicado en la revista Café de las Ciudades, titulado «Esperanzas y cuentas pendientes de la integración socio-urbana de los barrios populares».